La Procuraduría General de la Nación le entró con todo a lo que al parecer es una desmedida feria de contratación millonaria en la alcaldía de Cali, en el periodo de gobierno del actual mandatario Jorge Iván Ospino.

Uno de los puntos que llamó la atención de los investigadores es el alto porcentaje de contratación directa, en especial contratos por prestación de servicios.

Igualmente la concentración de contratos en algunas firmas específicas y la muy escasa ejecución de recursos solicitados vía empréstito a los bancos para ejecutar proyectos que ni siquiera están etapa de diseños, y que ascienden a más de 625.000 millones de pesos

De acuerdo con la Procuraduría, el 57 por ciento del total de negocios celebrados por la alcaldía de Cali en este periodo, corresponden a la modalidad de contratación directa, y corresponden a  75.509 contratos por cuantía superior a los 2.8 billones de pesos.

Según lo estipulado por la ley, la contratación directa debe ser excepcional, por eso el alcalde Ospina tendrá que explicar por qué la alcaldía de Cali ha acudido de manera mayoritaria a ese tipo de contratación.

Al Ministerio Público le llamó que en este mismo periodo la ciudad solamente ha adelantado 108 licitaciones públicas, por 578 mil millones de pesos, es decir, apenas el 20 por ciento del total de lo que se ha asignado vía contratación directa.

En el caso del año 2021, la alcaldía de Cali celebró 27.044 contratos, de los cuales 25.624 corresponden a servicios de recursos humanos, o sea el 95 por ciento del total de contratos celebrados por la alcaldía ese año, fueron para satisfacer necesidades de personal.

La tarea de la Procuraduría profundizó y halló que el 85% de los 25.624 contratos comparten objetos contractuales que son muy parecidos entre sí: “Prestar los servicios profesionales con el fin de brindar soporte a las actividades adelantadas por la Unidad Especial de Gestión de Bienes y Servicios, teniendo como fuente de financiación Honorarios”.

La agencia fiscalizadora también hace una especial advertencia en la contratación de 2021, año en el que un billón y medio de pesos se contrataron de manera directa, mientras que apenas 437 mil millones de pesos fueron contratados mediante un proceso competitivo.

La Procuraduría realizó un minucioso estudios de los principales contratistas de la alcaldía de Cali, y subrayó con tinta roja una firma que se ha ganado 1.176 contratos de un total de 2.230, es decir, concentra la mitad de la contratación de la capital del Valle del Cauca por 133.000 millones de pesos.

La Procuraduría se refiere a la Asociación Gremial Especializada en Salud del Occidente Agesoc, sobre la que se advierte resulta atípico que una asociación de esta naturaleza y con otros objetivos ejecute recursos por esa cuantía.

Igualmente llama la atención del ente de control la contratación de una comisión arquidiocesana con $98.891 millones y varias fundaciones con contratos sumados por más de $83.050 millones, sin que se conozcan la experiencia e idoneidad de estas entidades para ejecutar un presupuesto tan alto para el Distrito y sin que hayan estado sujetos a procesos competitivos.

Para los investigadores de la Procuraduría los indicadores de falta de transparencia frente a la contratación de la alcaldía de Cali y de anomalías en procesos de contratación son altos, por lo que insta a las autoridades de la capital del Valle del Cauca a que tomen las medidas correspondientes para subsanarlos.

La Procuraduría encontró que la alcaldía de Cali celebró 18 convenios o contratos interadministrativos con Emcali, varios de ellos, según dice, podrían haberse adjudicado por medio de licitación pública o de otro proceso competitivo.

Se hace énfasis en un contrato interadministrativo para “la prestación del servicio de internet por medio de tecnología de fibra óptica radio enlace xDSL redes de acceso fijo inalámbrico distribuido en enlaces de acceso para estudiantes de las instituciones educativas de Santiago de Cali”, celebrado entre Emcali y la Secretaría de Educación por 1.630 millones de pesos, en donde la Procuraduría advierte que debió haberse entregado por medio de un proceso competitivo, por más que exista una justificación legal para la celebración directa del negocio.